En un giro económico drástico, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la suspensión de nuevas licitaciones de obra pública por parte del Estado argentino como parte de un paquete de medidas terribles para la población de clase media o baja argentinas.
Este cambio estratégico, que lleva la firma del presidente Javier Milei, ha despertado preocupaciones.
La decisión de no licitar más obra pública y cancelar las licitaciones ya aprobadas sin inicio de ejecución es vista como un movimiento hacia políticas de austeridad en un momento crítico para la economía argentina.
La inversión pública, particularmente en infraestructura, se considera una herramienta esencial para estimular la demanda agregada y contrarrestar las recesiones económicas.
El ministro Caputo argumenta la medida en base a la falta de recursos financieros, enfatizando la corrupción histórica asociada con la ejecución de proyectos de infraestructura estatales. Sin embargo, el cese de la inversión pública puede conducir a un menor gasto agregado, reducir la actividad económica y aumentar el desempleo, en lugar de resolver los problemas estructurales.
El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, refuerza esta perspectiva de Caputo al expresar la necesidad de «reducir la participación del Estado en la economía para darle espacio al sector privado».
La cancelación de licitaciones ya aprobadas podría tener un impacto negativo en la demanda de bienes y servicios, afectando directamente a la actividad económica. Además, la garantía de continuidad para las obras ya en curso del gobierno anterior puede no ser suficiente para compensar la falta de nuevos proyectos, lo que podría traducirse en una reducción significativa de la inversión pública.
La preocupación se centra en el posible aumento del desempleo y la disminución del crecimiento económico a medida que el Estado se retira de la esfera de la inversión pública. Además, la dependencia del sector privado para la ejecución de proyectos de infraestructura podría resultar en una menor estabilidad y previsibilidad en la planificación a largo plazo.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, también ha expresado inquietudes desde esta perspectiva, destacando la preocupación por los empleos en el sector que podrían verse amenazados por el eventual fin de la obra pública nacional.
