La comunidad pesquera argentina muestra inquietud ante propuestas de reformas de Milei que podrían impactar en la actual estructura de pesca sostenible, pilar de su reconocimiento global.
Destacan el riesgo potencial para la soberanía pesquera argentina frente a las medidas que posibilitarían la incursión de flotas extranjeras en aguas nacionales.
En el marco del debate en comisiones del Congreso Nacional sobre el DNU y la ley ómnibus impulsados por el presidente ultraderechista Javier Milei, diversas organizaciones enviaron a sus representantes para frenar lo que consideran un avance preocupante. Entre ellas, el sector empresarial de la pesca nacional ha alzado su voz de manera contundente, calificando el proyecto como un «gran error».
Agustín de la Fuente, portavoz de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (C.A.P.I.P), expresó su sorpresa ante el envío de la ley ómnibus y las modificaciones propuestas, afirmando que afectarían esencialmente el funcionamiento de una estructura que hoy en día opera de manera eficiente. De la Fuente destacó la importancia de la Ley Federal de Pesca de 1997, subrayando los logros en materia de sustentabilidad de los recursos naturales y la destacada gestión del Consejo Federal Pesquero, que cuenta con representación de las provincias litorales marítimas y de la Nación.
Enfatizó que la política pesquera actual sitúa a Argentina como líder mundial en caladeros cuidados y sustentables.
De la Fuente también mencionó la pertenencia de C.A.P.I.P a «Intercámaras», una institución que representa la pesca a nivel nacional.
Definió como un «gran error» cualquier avance del Gobierno con este DNU y la Ley Ómnibus, especialmente si se dejan sin efecto artículos en un marco regulatorio que actualmente funciona de manera eficiente.
La Cámara, fundada en 1984 durante una época de expansión de la industria pesquera, cuenta con 16 empresas asociadas, 55 embarcaciones y emplea a 4.000 personas en forma directa, con una significativa contribución a las exportaciones pesqueras nacionales.
De manera presencial en el recinto, Eduardo Boyero, representante de Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, alertó sobre el impacto negativo que un aumento del 15 por ciento en los derechos de exportación tendría en las economías regionales.
Destacó que esto afectaría la elaboración de productos con valor agregado, llevando a la exportación de materias primas. Boyero solicitó que se mantengan los niveles actuales de exportación y pidió la eliminación del capítulo 3, que propone una reforma general del régimen federal pesquero.
Entre las críticas al proyecto de DNU y la Ley, Boyero mencionó como graves errores permitir buques pesqueros de bandera extranjera, descargas en puertos extranjeros y el uso de tripulantes extranjeros, lo cual, según él, no solo afectaría la industria pesquera actual sino que representaría una pérdida de soberanía para el país.
