La posible adhesión de Santa Cruz al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) desencadeó un debate en Legislatura Provincial. Alejandro Schweitzer, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), expuso sus preocupaciones en el programa que conduce Marcelo del Valle Romero, subrayando las graves consecuencias que esta medida podría tener para la autonomía provincial y la economía local.
Autonomía en juego
Schweitzer no escatimó en críticas al señalar que la adhesión al RIGI podría erosionar de manera significativa la autonomía de Santa Cruz. En particular, destacó el artículo 165 del régimen, que establece que cualquier norma provincial, nacional o municipal que restrinja el libre accionar de las empresas adheridas, deberá ser desestimada por la justicia «de manera inmediata».
Para Schweitzer, este artículo es «dos veces inconstitucional,» ya que no solo «anula la autonomía provincial garantizada en la Constitución,» sino que también «violenta la división de poderes» al imponer directivas al Poder Judicial.
El investigador señaló que «la respuesta del diputado Piero Boffi» (UCR-San Julián) quien presentó el proyecto de adhesión al RIGI, fue alarmantemente despreocupada. «Boffi admitió que hay contradicciones con la Constitución, pero aseguró que lo importante es que ingresen dólares«, indicó Schweitzer, poniendo en evidencia la falta de seriedad con la que, en su opinión, se está manejando esta discusión.
Impacto en los Recursos Naturales
Una de las preocupaciones más graves que Schweitzer destacó es el riesgo que el RIGI representa para los recursos naturales de la provincia. Haciendo referencia a una movilización en Caleta Olivia por el acceso al agua, Schweitzer advirtió que, de aprobarse la adhesión al régimen, las empresas tendrían prioridad en el uso de recursos esenciales como el agua y la energía, por encima de las necesidades de la población local. «Este es un escenario crítico para una provincia que ya enfrenta carencias energéticas previstas para este verano,» afirmó.
Efectos nocivos para las PyMEs
Schweitzer también puso énfasis en cómo el RIGI podría afectar negativamente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales. Según el régimen, las grandes empresas adheridas estarían exentas de pagar impuestos durante los primeros años y podrían importar maquinaria y otros recursos sin restricciones, lo que Schweitzer considera una competencia desleal para las PyMEs locales. «Estas empresas, al no pagar impuestos y poder importar todo lo que necesiten, podrían reventar la economía local,» señaló, advirtiendo que esto podría resultar en la destrucción de empleos y en la desaparición de proveedores locales.
El artículo 93 del RIGI, que permite la libre importación de bienes de construcción y operación sin ningún tipo de restricción, también fue motivo de preocupación. «Este artículo hace que la provisión local de materiales y servicios desaparezca,» explicó Schweitzer, añadiendo que, aunque el régimen estipula que un 20% del costo de los proyectos debe ser cubierto por proveedores locales, esta cifra es «insuficiente» y «casi irrelevante» dada la magnitud de las inversiones.
Empleo local en riesgo
También abordó el impacto potencial del RIGI en el empleo local, destacando la falta de garantías en la generación de puestos de trabajo para los habitantes de Santa Cruz. Aunque el régimen establece que un 20% del empleo debe ser local, Schweitzer criticó la falta de mecanismos para asegurar que las empresas cumplan con esta obligación. «Las empresas pueden decidir que los trabajadores locales no cumplen con los requisitos técnicos y traer empleados de afuera sin limitaciones,» advirtió.
