En un contexto de ajuste económico con graves consecuencias sociales, el anuncio de medidas represivas por parte de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich ha generado preocupación en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Estas medidas, según el CELS, amenazan el derecho a la protesta y podrían criminalizar a quienes ejercen legítimamente este derecho, marcando un retroceso en la protección de derechos fundamentales en Argentina.
Además, se destaca que se pretende «regular un registro de organizaciones habilitadas a protestar», lo cual, según el CELS, «salta por encima de la intervención judicial, limitando derechos y garantías, en una clara violación del derecho internacional incorporado en nuestra Constitución Nacional».
El Centro de Estudios subraya que «cortar las calles no es delito», según normativas internacionales que tienen jerarquía superior a cualquier ley o protocolo. La derogación reciente de la resolución que limitaba la represión tras eventos trágicos como los de 2001, 2002 y 2010 ha generado inquietud, ya que, según el CELS, esto representa «una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes».
En sus declaraciones, Bullrich anunció que se castigará la participación de niñas, niños y adolescentes en las protestas, lo que, según el CELS, «criminaliza a madres y padres que demandan mejores condiciones para sus familias y excluye a quienes están a cargo del cuidado de sus hijos». El Centro de Estudios enfatiza que enviar un mensaje político que «habilita la represión de las manifestaciones» representa un riesgo significativo, recordando que estas situaciones han desencadenado crisis políticas y tragedias en el pasado.
Este anuncio de Bullrich ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad y organizaciones defensoras de derechos humanos, que ven en estas medidas una amenaza para la estabilidad social y la convivencia en el país.
